La declaración jurada en contratación pública es un documento en el que el licitador o candidato afirma bajo juramento o promesa solemne la veracidad de determinados hechos o el cumplimiento de determinados requisitos legales, asumiendo responsabilidad personal por la exactitud de las manifestaciones realizadas. En el contexto europeo y español, ha sido en gran medida sustituida o complementada por la declaración responsable, instrumento que reduce las cargas administrativas al inicio del procedimiento.
- Contenido habitual: las declaraciones juradas en licitaciones suelen acreditar que el operador económico no está incurso en prohibiciones para contratar (artículo 71 LCSP), que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y que dispone de la solvencia y capacidad requeridas.
- Valor probatorio: la declaración jurada constituye prueba suficiente en la fase de selección; sin embargo, el licitador que resulte propuesto como adjudicatario debe aportar la documentación acreditativa original que respalde las manifestaciones realizadas, antes de la formalización del contrato.
- Documento Europeo Único de Contratación (DEUC): en procedimientos sujetos a regulación armonizada, el DEUC actúa como declaración jurada normalizada a nivel europeo, permitiendo a los operadores declarar su situación sin necesidad de aportar documentación completa en la fase inicial de la licitación.
- Responsabilidad por falsedad: las manifestaciones falsas en una declaración jurada constituyen una prohibición de contratar con el sector público y pueden dar lugar a responsabilidad penal por falsedad documental, además de la exclusión del procedimiento.
- Terceros y grupos empresariales: en el caso de recurrir a capacidades de terceras empresas o de formar parte de una UTE, la declaración jurada debe alcanzar también a las entidades cuyas capacidades se invocan.
Véase la regulación del DEUC en Reglamento (UE) 2016/7 por el que se establece el DEUC (EUR-Lex).