El estudio de viabilidad en el ámbito de la contratación pública es el análisis previo y sistematizado que realiza el órgano promotor de una inversión o proyecto para evaluar su conveniencia, factibilidad técnica, económica, financiera, jurídica y medioambiental antes de decidir si se procede a su licitación y en qué condiciones. Aunque no siempre es formalmente obligatorio en la normativa general de contratos, su elaboración es imprescindible en proyectos de cierta envergadura, especialmente en concesiones, colaboraciones público-privadas y grandes contratos de obras o servicios.
Los componentes habituales de un estudio de viabilidad en contratación pública son:
- Análisis de necesidades: Justificación de la necesidad pública que se pretende satisfacer y alternativas consideradas.
- Viabilidad técnica: Evaluación de si la solución propuesta es técnicamente factible con la tecnología disponible y en los plazos previstos.
- Viabilidad económico-financiera: Análisis de costes y beneficios, fuentes de financiación, modelo de recuperación de la inversión y análisis de sensibilidad.
- Viabilidad jurídica: Verificación del marco normativo aplicable, clasificación del tipo de contrato y modalidad de gestión.
- Impacto medioambiental: Evaluación preliminar de los impactos ambientales y sociales del proyecto.
- Análisis de riesgos: Identificación, cuantificación y propuesta de asignación de riesgos entre las partes.
En el caso de contratos de concesión, la Ley 9/2017 exige la elaboración de un estudio de viabilidad que incluya el análisis de la demanda y los riesgos transferidos al concesionario.
Para más información, consulte las guías publicadas en la web del Ministerio de Hacienda.