El gasto público es el conjunto de erogaciones económicas que realizan las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público para financiar el cumplimiento de sus fines y competencias constitucionales y legales: prestación de servicios públicos, inversión en infraestructuras, transferencias sociales, funcionamiento de los órganos del Estado y, entre otros, la contratación pública de obras, suministros y servicios. En el contexto de la contratación, el gasto público se materializa cuando la Administración actúa como compradora, siendo la contratación pública responsable de aproximadamente el 14 % del PIB europeo según datos de la Comisión Europea.
- Marco presupuestario: El gasto público se rige por el principio de legalidad presupuestaria: ninguna Administración puede comprometer gasto sin consignación presupuestaria previa suficiente. La Ley 47/2003 General Presupuestaria regula el ciclo presupuestario del Estado; las Comunidades Autónomas y entidades locales tienen sus propias leyes presupuestarias.
- Principios rectores: Eficiencia, economía, eficacia, transparencia y estabilidad presupuestaria (artículo 135 CE y Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria). La contratación pública debe contribuir a la mejor relación calidad-precio del gasto.
- Fiscalización: El Tribunal de Cuentas (nacional) y los Órganos de Control Externo autonómicos (OCEX) fiscalizan que el gasto público se ajusta a la legalidad, eficiencia y economía, pudiendo declarar responsabilidades contables por gestión irregular de fondos públicos.
- Fondos europeos: Una parte significativa del gasto público en España proviene de fondos estructurales y de inversión europeos (FEDER, FSE+, Fondo de Cohesión, MRR/Next Generation EU), que imponen obligaciones adicionales de control, elegibilidad y publicidad.
Estadísticas de gasto público y contratación en hacienda.gob.es (Ministerio de Hacienda).