La supervisión medioambiental en el contexto de la contratación pública es el conjunto de actividades de control y verificación mediante las cuales el poder adjudicador comprueba que el contratista cumple, durante la ejecución del contrato, con los requisitos, compromisos y condiciones de carácter ambiental establecidos en los pliegos y en la legislación aplicable. Esta supervisión es especialmente relevante en contratos de obras, servicios de mantenimiento y suministros con impacto ambiental significativo. La Directiva 2014/24/UE y la LCSP 9/2017 habilitan la inclusión de condiciones de ejecución medioambientales de obligado cumplimiento.
- Plan de gestión ambiental: El contratista puede estar obligado a presentar y ejecutar un plan de gestión ambiental que detalle las medidas de minimización de residuos, emisiones y consumo de recursos durante la ejecución.
- Auditorías e inspecciones: El responsable del contrato puede realizar visitas de inspección y solicitar documentación acreditativa del cumplimiento de los compromisos ambientales, como certificados de gestión de residuos o registros de consumo energético.
- Penalidades por incumplimiento: El PCAP debe establecer penalidades específicas para el incumplimiento de las condiciones medioambientales, que pueden llegar hasta la resolución del contrato por incumplimiento grave.
- Informes de seguimiento: La supervisión genera informes periódicos que documentan el desempeño ambiental del contratista y sirven como insumo para la estrategia de compra pública sostenible del ente.
Directrices sobre sostenibilidad en contratación en ec.europa.eu.