El cumplimiento normativo (o compliance) en el ámbito de los contratos públicos hace referencia al conjunto de medidas, controles y procedimientos que tanto los órganos de contratación como los operadores económicos deben implantar para garantizar que la actividad contractual se desarrolla de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable: normas de contratación pública, legislación laboral, medioambiental, fiscal, de protección de datos, anticorrupción y de competencia, entre otras.
Sus principales dimensiones en el sector público son:
- Cumplimiento pre-contractual: Verificación de que el procedimiento de selección cumple los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad de trato y no discriminación.
- Cumplimiento durante la ejecución: Control de que el contratista respeta las condiciones sociales, medioambientales y técnicas incluidas en el pliego; verificación del pago puntual a subcontratistas; control de modificaciones contractuales dentro de los límites legales.
- Prevención del fraude y la corrupción: Implantación de sistemas internos de denuncia (whistleblowing), separación de funciones y auditorías periódicas.
- Protección de datos: Cumplimiento del RGPD en los contratos que impliquen tratamiento de datos personales.
La Ley 9/2017 refuerza el marco de cumplimiento al regular las condiciones especiales de ejecución de contenido social, ético y medioambiental, cuyo incumplimiento puede dar lugar a resolución del contrato. La normativa europea e internacional (OCDE) también impone a las administraciones la obligación de disponer de sistemas efectivos de integridad en la contratación pública.
Para más información, consulte el texto de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en el BOE.