La equivalencia de normas es el principio por el cual los órganos de contratación deben aceptar normas técnicas de otros Estados miembros de la Unión Europea cuando estas garantizan un nivel de calidad, seguridad o desempeño equivalente al exigido por las normas nacionales o europeas indicadas en los pliegos de condiciones.
Este principio, consagrado en la Directiva 2014/24/UE, impide que los poderes adjudicadores redacten especificaciones técnicas de modo que favorezcan o excluyan artificialmente a determinados operadores económicos. Los licitadores pueden demostrar la equivalencia mediante:
- Certificados emitidos por organismos de evaluación de la conformidad acreditados.
- Informes técnicos de laboratorios reconocidos.
- Cualquier otro medio de prueba admitido en derecho que demuestre el cumplimiento sustancial de los requisitos.
El incumplimiento de este principio puede dar lugar a recursos especiales en materia de contratación y a procedimientos de infracción ante la Comisión Europea.