Los indicadores de rendimiento (en inglés, Key Performance Indicators o KPI) en el ámbito de la contratación pública son métricas cuantitativas o cualitativas predefinidas que permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato y evaluar la calidad de la ejecución por parte del contratista a lo largo del período de vigencia contractual. Su incorporación a los pliegos de prescripciones técnicas y a los contratos formalizados es una herramienta esencial de la gestión por resultados, que traslada el foco de la supervisión del proceso al resultado efectivamente obtenido para la ciudadanía.
- Tipos de indicadores: Pueden ser de resultado (p. ej., porcentaje de incidencias resueltas en menos de 24 horas), de proceso (p. ej., tiempo medio de respuesta), de calidad (p. ej., puntuación media de satisfacción del usuario) o de eficiencia (p. ej., coste por unidad de servicio prestado). La combinación de distintos tipos ofrece una visión integral del rendimiento contractual.
- Vinculación a penalidades e incentivos: Los pliegos pueden establecer penalidades por incumplimiento de los indicadores acordados o, en contratos de prestación de servicios de larga duración, bonificaciones cuando el contratista supera los niveles de servicio mínimos comprometidos, creando un sistema de incentivos orientado a la mejora continua.
- Seguimiento y reporte: El responsable del contrato y el director de los trabajos deben establecer un calendario de medición periódica de los indicadores, con informes de seguimiento que queden incorporados al expediente y sirvan de base para la adopción de medidas correctoras o la resolución del contrato por incumplimiento.
- Aplicación en contratos de servicios: Los indicadores de rendimiento son especialmente relevantes en los contratos de servicios continuados —limpieza, seguridad, atención ciudadana, tecnologías de la información— donde el control de resultados es más difícil de objetivar que en los contratos de obras o suministros.
Base legal: artículos 190, 192 y 196 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, LCSP; guías OCDE sobre gestión del rendimiento en la contratación pública.
Más información: Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACE).