La obligación de transparencia en contratación pública es el principio y deber legal que exige a los poderes adjudicadores actuar de forma abierta, accesible y comprensible en todos los actos del procedimiento de contratación, garantizando que los operadores económicos puedan conocer y comprender las reglas del juego antes y durante la licitación. Está recogida en el artículo 1 de la LCSP 9/2017 y en el artículo 18 de la Directiva 2014/24/UE como principio rector de la contratación.
- Publicidad de los actos: Los criterios de adjudicación, los pliegos, las puntuaciones y las motivaciones de las decisiones deben ser accesibles y comprensibles para todos.
- Acceso al expediente: Los licitadores tienen derecho a acceder al expediente de contratación y a conocer las puntuaciones de las demás ofertas tras la adjudicación.
- Confidencialidad vs. transparencia: Las informaciones técnicas o comerciales confidenciales del licitador están exentas de publicidad; el órgano de contratación debe ponderar ambos principios.
- Portal de transparencia: Las Administraciones deben publicar información contractual en el portal de transparencia según la Ley 19/2013 y normativa autonómica.
La transparencia es el antídoto contra la corrupción en la contratación pública. Más en PLACE.