El secreto comercial en contratos públicos hace referencia a la protección de la información técnica, financiera o estratégica que una empresa declara confidencial al presentar su oferta o durante la ejecución del contrato, en equilibrio con los principios de transparencia y publicidad que rigen la contratación pública. Se regula en el artículo 133 de la LCSP y en la Directiva (UE) 2016/943 sobre secretos comerciales.
- Declaración de confidencialidad: Los licitadores pueden indicar qué parte de su oferta consideran confidencial por razones de secreto comercial, técnico, industrial o empresarial. La declaración debe ser expresa y motivada; no puede amparar la totalidad de la oferta.
- Límites: La confidencialidad no puede extenderse a la oferta económica, a los criterios de adjudicación aplicados ni a las características de la oferta seleccionada que justifican la adjudicación. Tampoco cubre información en contravención del derecho de la UE o que sea de dominio público.
- Obligación del órgano de contratación: El órgano de contratación está obligado a respetar la confidencialidad declarada y a no revelar la información protegida a los demás licitadores ni a terceros, incluso en el contexto de recursos o auditorías.
- Tensión con transparencia: Los licitadores excluidos tienen derecho a conocer los motivos de la adjudicación, lo que genera tensión con la protección del secreto comercial. La LCSP y la jurisprudencia del TJUE establecen que debe facilitarse la información mínima imprescindible para ejercer el derecho de defensa.
- Acceso a expediente: En el marco de un recurso administrativo o contencioso, el acceso al expediente de contratación puede verse limitado para proteger información confidencial, mediante mecanismos de acceso restringido o expurgado de documentos.
El equilibrio entre transparencia y protección del secreto comercial es un reto permanente en la contratación pública moderna. Más información en Directiva (UE) 2016/943 sobre secretos comerciales — EUR-Lex.