Las tasas administrativas en contratación pública son los tributos que algunas administraciones exigen a los licitadores o adjudicatarios en contraprestación a determinados servicios o actuaciones administrativas relacionadas con el procedimiento de contratación. Las tasas más habituales son las tasas de licitación —exigidas por ciertos órganos de contratación para acceder a la documentación del procedimiento— y las tasas de inscripción en registros de licitadores. Estas tasas están sujetas al principio de equivalencia y no pueden constituir una barrera desproporcionada al acceso de las empresas al mercado de la contratación pública.
- Tasas de licitación: Algunos órganos de contratación cobran una tasa por el acceso a la documentación del expediente o por la presentación de la oferta; su cuantía debe ser proporcional y publicarse en el anuncio de licitación.
- Tasas de recursos: La interposición de recursos ante el Tribunal de Recursos Contractuales puede estar sujeta al pago de una tasa variable en función del valor del contrato.
- Exenciones: Las microempresas y PYMES pueden beneficiarse de reducciones o exenciones en determinadas tasas administrativas para fomentar su participación en la contratación pública.
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