La trazabilidad contractual es la capacidad de seguir y reconstruir el historial completo de un contrato público a lo largo de todas sus fases: desde la planificación y la licitación hasta la ejecución, las modificaciones, la liquidación y, en su caso, la resolución o prórroga. Una adecuada trazabilidad contractual implica que todos los actos, documentos, decisiones y cambios quedan debidamente registrados, identificados y vinculados entre sí en el expediente electrónico, permitiendo tanto la rendición de cuentas interna como el control externo por parte de órganos de fiscalización y ciudadanos.
- Expediente electrónico: La trazabilidad se materializa en el expediente electrónico del contrato, que debe contener todos los documentos desde el inicio hasta la liquidación, firmados electrónicamente y con registro de fecha y autor.
- Modificaciones e incidencias: Cualquier cambio en el objeto, precio o plazo del contrato debe quedar registrado con su justificación, garantizando que la cadena de decisiones sea auditable.
- Herramientas de seguimiento: Las plataformas modernas de gestión contractual incorporan dashboards de trazabilidad que alertan sobre vencimientos, modificaciones pendientes y desviaciones presupuestarias.
La LCSP establece las bases del expediente contractual en BOE – LCSP.