El capital circulante (working capital) en el contexto de la contratación pública es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes de una empresa, y constituye uno de los indicadores financieros que los órganos de contratación pueden exigir como prueba de solvencia económica y financiera en procedimientos de licitación. Refleja la capacidad operativa a corto plazo de la empresa para financiar la ejecución del contrato antes de recibir los pagos del sector público, especialmente relevante en contratos de larga duración o de grandes importes.
- Requisito de solvencia financiera: Los pliegos pueden exigir que el ratio de capital circulante (activo corriente / pasivo corriente) sea superior a 1,0 o 1,2, garantizando así que el contratista podrá sostener sus operaciones durante la fase de ejecución.
- Impacto del plazo de pago: Los retrasos en los pagos de la Administración inciden directamente en el capital circulante del contratista; la Ley 9/2017 LCSP establece plazos máximos de pago de 30 días para mitigar este riesgo.
- Anticipos y pagos a cuenta: Algunos contratos permiten anticipos de hasta el 20% del importe de adjudicación para reforzar el capital circulante del contratista durante las primeras fases de ejecución del contrato.
La acreditación del capital circulante se realiza habitualmente mediante las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o mediante certificación de auditor independiente cuando los estados financieros no estén disponibles.
Más información: Ministerio de Hacienda — Contratación del Sector Público.