La ampliación de plazo es la prórroga del tiempo de ejecución de un contrato público, acordada formalmente entre la entidad contratante y el contratista cuando circunstancias sobrevenidas impiden el cumplimiento del plazo original. Esta figura está regulada en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), y solo puede acordarse cuando las causas que motivan la demora no son imputables al contratista.
- Causas habituales: fuerza mayor, modificaciones contractuales aprobadas por el órgano de contratación, retrasos en la entrega de terrenos o materiales por parte de la Administración, o paralizaciones ordenadas por la propia entidad.
- Procedimiento: el contratista debe solicitar la ampliación antes de que venza el plazo original, acreditando la causa y el tiempo adicional necesario. El órgano de contratación resuelve motivadamente.
- Efectos: el nuevo plazo prorrogado tiene la misma eficacia que el plazo original. No altera el precio del contrato salvo que la ampliación conlleve una modificación del objeto.
- Documentación: la resolución de ampliación debe inscribirse en el Registro de Contratos y publicarse, en su caso, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Para más información, consulte la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (BOE).