La auditoría de contratos es el examen sistemático, objetivo e independiente de la documentación, registros y actuaciones relacionados con un contrato público, con el fin de comprobar la regularidad jurídica, la eficiencia económica y el cumplimiento de las condiciones pactadas. Puede ser realizada por organismos de control externo (Tribunal de Cuentas, Sindicatures de Comptes, Cámara de Cuentas) o por el servicio de auditoría interna del propio ente contratante.
- Tipos: auditoría de regularidad (verificación de legalidad), auditoría operativa o de gestión (eficiencia y eficacia), auditoría de seguimiento (control de la ejecución) y auditoría de cumplimiento (verificación de condiciones específicas como cláusulas sociales o medioambientales).
- Órganos competentes: el Tribunal de Cuentas y los órganos equivalentes autonómicos tienen competencia para fiscalizar todos los contratos del sector público. La IGAE ejerce el control interno en la Administración General del Estado.
- Acceso a la documentación: los contratistas están obligados a facilitar el acceso a su contabilidad, registros y cualquier otra documentación relevante durante y después de la ejecución del contrato, en los plazos de conservación legalmente establecidos.
- Consecuencias: las irregularidades detectadas pueden dar lugar a reintegros de fondos, sanciones administrativas o penales, y responsabilidad contable.
Más información en Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (BOE).