La cesión de derechos de cobro es el mecanismo jurídico-financiero mediante el cual el contratista transmite a un tercero —generalmente una entidad financiera— el derecho a percibir el pago de las facturas que la Administración le adeuda como contraprestación por la ejecución del contrato. Esta figura, asimilable al factoring en el ámbito privado, permite al contratista obtener liquidez anticipada sin tener que esperar a los plazos de pago establecidos por la Administración.
El régimen jurídico de la cesión de derechos de cobro en contratos públicos presenta las siguientes particularidades:
- Notificación obligatoria a la Administración: La cesión debe ponerse en conocimiento del órgano de contratación para que los pagos se dirijan al cesionario.
- Objeto de la cesión: Solo pueden cederse créditos ya devengados y reconocidos, no expectativas de cobro futuro vinculadas a prestaciones pendientes.
- Prohibición de ceder créditos litigiosos: No pueden cederse créditos sobre los que existan retenciones, embargos o litigios pendientes sin consentimiento de la Administración.
- Protección del cesionario: Una vez notificada la cesión, la Administración no puede compensar al cedente con deudas distintas sin afectar al derecho del cesionario.
Este mecanismo cobra especial relevancia en el contexto de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, que establece plazos máximos de pago para las administraciones públicas. Para más información, véase el portal del Ministerio de Hacienda y Función Pública.