La economía circular en la contratación pública es la integración de los principios de la economía circular —diseño para la durabilidad, la reparación, la reutilización, la remanufactura y el reciclaje— en las estrategias, especificaciones y criterios de los contratos del sector público. Esta integración convierte a las administraciones públicas en motores de la transición hacia un modelo económico que minimiza la extracción de recursos vírgenes y la generación de residuos, en consonancia con el Plan de Acción de Economía Circular de la UE (2020) y el Pacto Verde Europeo.
Las principales formas de incorporar la economía circular en los contratos públicos son:
- Especificaciones técnicas circulares: Exigencia de productos fabricados con materiales reciclados o reciclables, diseñados para facilitar la reparación o actualización (modularidad), con una vida útil mínima garantizada.
- Criterios de adjudicación: Puntuación de propuestas que incluyan planes de recogida y reciclaje al final del ciclo de vida, soluciones de producto como servicio (Product-as-a-Service) o extensiones de garantía.
- Condiciones especiales de ejecución: Obligaciones de recogida de equipos usados, uso de envases reutilizables o entrega en formato de servicio con mantenimiento incluido.
- Contrato de servicio vs. compra de producto: Modelos de pago por uso que incentivan al proveedor a diseñar productos duraderos y fácilmente mantenibles.
La Comisión Europea ha publicado criterios de contratación pública verde para múltiples categorías de productos que incorporan explícitamente principios de economía circular (equipos TIC, mobiliario, textiles, servicios de catering, etc.).
Para más información, consulte el portal de la Comisión Europea sobre contratación pública sostenible.