La contratación sostenible es el enfoque estratégico por el cual los poderes adjudicadores integran criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno en todas las fases del ciclo de vida contractual —desde la planificación y la licitación hasta la ejecución y la extinción del contrato— con el fin de maximizar el valor público generado y contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Sus dimensiones principales son:
- Contratación pública verde (GPP): Inclusión de especificaciones técnicas medioambientales, criterios de adjudicación ecológicos y condiciones especiales de ejecución que minimicen el impacto ambiental (emisiones de CO₂, residuos, eficiencia energética).
- Contratación socialmente responsable (CSR): Cláusulas que promueven la igualdad de género, la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, la accesibilidad universal y el respeto a los derechos laborales en la cadena de suministro.
- Coste del ciclo de vida: Evaluación del coste total de propiedad (TCO) en lugar del precio de adquisición inicial, de conformidad con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
La Directiva 2014/24/UE y la Ley 9/2017 imponen la obligación de incorporar consideraciones sociales y medioambientales en determinadas categorías de contratos e instan a los poderes adjudicadores a utilizar plenamente las posibilidades que ofrece el marco legal para impulsar la sostenibilidad.
Para más información, consulte el portal de contratación pública sostenible de la Comisión Europea.