La integración laboral en contratos públicos hace referencia al conjunto de medidas, cláusulas y condiciones de ejecución que los órganos de contratación pueden —y en determinados supuestos deben— incorporar a sus contratos con el fin de favorecer la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla: personas desempleadas de larga duración, personas con discapacidad, ex reclusos, víctimas de violencia de género, colectivos en riesgo de pobreza o migrantes en situación de vulnerabilidad, entre otros. Constituye una de las manifestaciones más concretas de la contratación pública socialmente responsable y de la orientación de la compra pública hacia la consecución de objetivos de política social.
- Contratos reservados: La LCSP permite reservar contratos o lotes de contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, cuya actividad consiste precisamente en la integración laboral de personas en riesgo de exclusión. En estos casos, la inserción laboral no es una condición accesoria sino el objeto central de la reserva.
- Condiciones especiales de ejecución: Con carácter general, los pliegos pueden incluir como condición especial de ejecución el compromiso del adjudicatario de contratar a un número mínimo de trabajadores provenientes de colectivos vulnerables durante la vigencia del contrato, vinculando el incumplimiento a penalidades o a la resolución del contrato.
- Criterios de adjudicación sociales: Cuando la integración laboral se articula como criterio de adjudicación, los licitadores obtienen puntuación adicional en función del número de trabajadores en situación de exclusión que se comprometan a incorporar, siempre que el criterio esté vinculado al objeto del contrato y sea cuantificable y verificable.
- Verificación y control: El órgano de contratación y el responsable del contrato deben establecer mecanismos de seguimiento que acrediten el efectivo cumplimiento de los compromisos de integración laboral adquiridos, incluyendo la documentación justificativa de las contrataciones realizadas.
Base legal: artículos 49, 71, 202 y disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, LCSP; Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.
Más información: BOE — Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.