La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), aprobada mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, es la norma básica que regula la contratación pública en España. Transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas europeas 2014/23/UE (concesiones), 2014/24/UE (sector público general) y 2014/25/UE (sectores especiales). Entró en vigor el 9 de marzo de 2018 y derogó el anterior Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Su ámbito de aplicación comprende todas las administraciones públicas, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y demás entes que integran el sector público, con independencia de su naturaleza jurídica.
- Estructura: La LCSP se organiza en un título preliminar (objeto, ámbito y principios), cuatro libros (contratación en el sector público, régimen especial, modificación e invalidez de contratos, y organización administrativa) y disposiciones adicionales, transitorias y finales.
- Principios rectores: Libertad de acceso, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato, y eficiencia en el uso de fondos públicos.
- Novedades principales: Introducción de criterios sociales y medioambientales, uso preferente de medios electrónicos, refuerzo de la integridad y la lucha anticorrupción, y creación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública.
- Órganos de control: Las Juntas Consultivas de Contratación Pública (estatal y autonómicas), el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y los órganos equivalentes autonómicos.
El texto íntegro de la Ley 9/2017 puede consultarse en el BOE.