El procedimiento abierto es el procedimiento de adjudicación de contratos públicos más utilizado en España y en la Unión Europea, en el que cualquier empresa interesada puede presentar una oferta sin necesidad de ser invitada ni previamente seleccionada. Está regulado en los artículos 156 a 161 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) y en el artículo 27 de la Directiva 2014/24/UE. Su uso es obligatorio cuando el contrato supera los umbrales armonizados de la UE, aunque también puede emplearse para contratos de menor cuantía. Garantiza los principios de publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad de trato que rigen la contratación pública.
- Procedimiento abierto ordinario: Se utiliza para contratos de mayor complejidad o importe. La documentación técnica y económica se presenta conjuntamente, o en sobres separados para evaluar primero el criterio técnico antes de abrir la oferta económica.
- Procedimiento abierto simplificado: Modalidad abreviada para contratos de servicios y suministros de hasta 2 millones de euros y obras de hasta 5 millones de euros, con plazos reducidos y tramitación más ágil.
- Procedimiento abierto supersimplificado: Para contratos de valor estimado inferior a 80.000 euros (servicios/suministros) o 1 millón de euros (obras), con tramitación electrónica completa en un único sobre.
Regulado por los artículos 156-161 LCSP y la Directiva 2014/24/UE. Más información en Plataforma de Contratación del Sector Público.