La libre concurrencia es uno de los principios fundamentales que rigen la contratación pública tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea. Consiste en el derecho de cualquier operador económico que cumpla los requisitos objetivos establecidos a participar en los procedimientos de licitación, sin que el órgano de contratación pueda imponer restricciones injustificadas que limiten, dificulten o impidan dicha participación. En el ordenamiento español está consagrado en el artículo 1 de la LCSP y conecta directamente con las libertades fundamentales del mercado interior europeo (libre circulación de mercancías, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios) garantizadas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
- Prohibición de discriminación: El principio de libre concurrencia prohíbe cualquier trato discriminatorio por razón de nacionalidad, domicilio social, forma jurídica o cualquier otra circunstancia no relacionada con la capacidad técnica y económica del licitador.
- Publicidad: Para que la concurrencia sea efectiva, los contratos deben publicarse con suficiente antelación y en medios accesibles para todos los potenciales licitadores, en especial el DOUE y las plataformas nacionales.
- Requisitos de solvencia proporcionados: Los criterios de solvencia y los requisitos técnicos o financieros exigidos a los licitadores deben ser proporcionales al objeto y cuantía del contrato, sin que puedan actuar como barrera de entrada injustificada.
- División en lotes: El fomento de la división en lotes previsto en el artículo 99 LCSP es una manifestación directa del principio de libre concurrencia, pues facilita el acceso de las PYME al mercado.
- Control y recursos: El TACRC y los tribunales administrativos de recursos contractuales autonómicos son los órganos competentes para conocer de los recursos especiales en materia de contratación cuando se alega vulneración de la libre concurrencia.
Consulta el marco jurídico europeo de la libre concurrencia en contratación pública en EUR-Lex — Derecho de la UE.