La multa contractual (o penalidad contractual) es la sanción económica que la Administración puede imponer al contratista por incumplimientos en la ejecución del contrato, tales como retrasos en los plazos, defectos en la calidad de la prestación o vulneración de las condiciones especiales de ejecución. Está regulada en los artículos 192 a 196 de la LCSP 9/2017.
- Penalidades por demora: Se aplican automáticamente cuando el contratista incurre en retrasos imputables a él, salvo fuerza mayor; su cuantía se fija en el PCAP.
- Penalidades por incumplimiento de condiciones especiales: Previstas para el caso de incumplir criterios sociales, medioambientales o de innovación incorporados como condiciones de ejecución.
- Procedimiento de imposición: Requiere trámite de audiencia al contratista antes de la resolución definitiva.
- Deducción de la garantía: Si las penalidades superan el 5% del precio del contrato, puede resolverse el mismo; se deducen de las certificaciones o de la garantía definitiva.
Las penalidades deben estar expresamente previstas en el PCAP para poder ser aplicadas. Más información: Ministerio de Hacienda.