La subvención pública es toda disposición dineraria realizada por las Administraciones Públicas o sus entidades dependientes a favor de personas públicas o privadas, que no tiene carácter de préstamo reintegrable, beneficia a un receptor sin contraprestación directa ni equivalente hacia el ente concedente, y está vinculada al cumplimiento de un fin de interés público o social. Se diferencia del contrato público en que en éste existe una relación sinalagmática de prestación-contraprestación entre Administración y empresa. La subvención se rige por la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS) y su Reglamento (RD 887/2006).
- Distinción con contratos públicos: Si la Administración recibe una contraprestación directa por los fondos entregados (una obra, servicio o suministro), se trata de un contrato público sujeto a la LCSP. Si los fondos se entregan para financiar una actividad de interés general sin contraprestación directa, es subvención.
- Principios: Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
- Procedimiento de concesión: Las subvenciones se conceden ordinariamente en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria pública en la que los solicitantes compiten por los fondos disponibles según los criterios de valoración establecidos. Excepcionalmente pueden concederse en régimen de concesión directa.
- Obligaciones del beneficiario: Los beneficiarios deben ejecutar la actividad subvencionada, cumplir los objetivos previstos, justificar los fondos recibidos y someterse a controles y auditorías de la Administración concedente y del Tribunal de Cuentas.
- Reintegro: El incumplimiento de las condiciones de la subvención o la obtención fraudulenta obliga al reintegro total o parcial, con los intereses de demora correspondientes, y puede dar lugar a sanciones administrativas.
- Fondos europeos: Las subvenciones financiadas con fondos de la UE (FEDER, FSE+, FEADER, REACT-EU, etc.) están sujetas adicionalmente a la normativa europea de gestión y control, con requisitos específicos de elegibilidad, justificación y publicidad.
La distinción entre subvención y contrato público es esencial para aplicar el régimen jurídico correcto y evitar irregularidades. Más información en Ley General de Subvenciones — BOE.