La adjudicación es el acto administrativo mediante el cual el órgano de contratación resuelve, de forma motivada, a qué licitador se otorga el contrato público tras evaluar las ofertas presentadas conforme a los criterios establecidos en los pliegos. Regulada en los artículos 150 y 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la resolución de adjudicación debe notificarse a todos los candidatos y licitadores y publicarse en la plataforma de contratación correspondiente, constituyendo un acto impugnable ante el órgano de recursos contractuales competente.
- Propuesta de adjudicación: Previamente a la resolución definitiva, la mesa de contratación —o el órgano técnico designado— eleva al órgano de contratación una propuesta motivada de adjudicación basada en la aplicación de los criterios del pliego, que puede incluir criterios cuantificables automáticamente y criterios sujetos a juicio de valor.
- Requerimiento de documentación: Antes de formalizar la adjudicación, el órgano de contratación requiere al licitador propuesto la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de capacidad, solvencia y no prohibición de contratar, así como la constitución de la garantía definitiva.
- Publicidad y plazos: La adjudicación debe notificarse y publicarse en el perfil del contratante en un plazo máximo de quince días desde la firma de la resolución, iniciando el cómputo del plazo de suspensión obligatoria de quince días hábiles antes de la formalización del contrato.
Base legal: artículos 150 y 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, LCSP, y artículo 83 de la Directiva 2014/24/UE sobre información a los candidatos y licitadores.
Más información: Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACE).