La efectividad del gasto público en el contexto de la contratación pública es el principio por el cual los recursos públicos destinados a la adquisición de bienes, servicios u obras deben producir el máximo impacto posible en los objetivos de política pública definidos por la entidad contratante, yendo más allá de la mera eficiencia (obtener el menor coste) o de la eficacia (cumplir los objetivos formales). La efectividad integra la dimensión de valor público generado por el gasto.
Para medir y garantizar la efectividad del gasto público en contratación, las administraciones deben:
- Definir indicadores de resultado e impacto alineados con los objetivos estratégicos del contrato.
- Incorporar criterios de adjudicación basados en la relación calidad-precio (best value for money).
- Evaluar el ciclo de vida completo del bien o servicio contratado, no solo el precio de adquisición.
- Rendir cuentas públicamente sobre los resultados obtenidos mediante informes de supervisión y evaluación ex post.
El principio de efectividad del gasto está recogido en la normativa presupuestaria española y en las directrices de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda.