La participación de PYMEs (pequeñas y medianas empresas) en la contratación pública es un objetivo estratégico tanto de la política europea como española, dado que las pymes representan el 99% del tejido empresarial y son clave para la innovación, el empleo y el desarrollo económico. Sin embargo, históricamente han tenido un acceso desigual a los contratos públicos frente a las grandes empresas. La Directiva 2014/24/UE y la LCSP incluyen medidas específicas para eliminar barreras y facilitar su participación.
- División en lotes: Los poderes adjudicadores deben justificar expresamente si deciden no dividir el contrato en lotes. La división facilita el acceso de las pymes al permitirles competir por partes del contrato adaptadas a su capacidad.
- Reducción de cargas administrativas: La LCSP simplifica la acreditación de solvencia en procedimientos simplificados mediante declaración responsable y admite el uso del DEUC (Documento Europeo Único de Contratación) como prueba preliminar.
- Subcontratación: Las pymes pueden participar también como subcontratistas de grandes empresas adjudicatarias. La LCSP regula la subcontratación y la obligación de pago puntual a los subcontratistas.
- Requisitos de solvencia proporcionales: Los requisitos de solvencia económica no pueden exigir volúmenes de negocio superiores a tres veces el valor del contrato, lo que protege a las pymes frente a exigencias desproporcionadas.
- Plataforma de Contratación: PLACE ofrece herramientas específicas para pymes, incluyendo alertas de nuevas licitaciones y facilidades para la presentación electrónica de ofertas.
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