La rescisión del contrato es la acción jurídica por la que se deja sin efecto un contrato público válido en su origen, como consecuencia de una causa sobrevenida o de un vicio que lo hace perjudicial o inequitativo para alguna de las partes o para terceros. En el derecho administrativo contractual español, la rescisión se diferencia conceptualmente de la resolución (que responde a incumplimiento) y de la nulidad (que afecta a contratos con vicios originarios). Se encuentra regulada, con carácter general, en el Código Civil y, de forma específica para la contratación pública, en la LCSP y su normativa de desarrollo.
- Fundamentos de la rescisión: En el derecho común, procede cuando el contrato causa un perjuicio económico al contratante que no puede ser reparado de otra forma. En la contratación pública, su aplicación es más restrictiva y generalmente queda subsumida en las figuras de resolución o modificación contractual.
- Distinción de figuras afines:
- Resolución: Extinción por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, con efectos ex nunc.
- Nulidad: Declaración de que el contrato nunca produjo efectos jurídicos válidos por un vicio en su formación.
- Rescisión: Extinción retroactiva de un contrato válidamente celebrado por causa sobrevenida o lesiva.
- Efectos: Tiene carácter retroactivo (ex tunc), obligando a las partes a restituirse mutuamente las prestaciones recibidas. Puede dar lugar a indemnizaciones y al ejercicio de acciones de restitución patrimonial.
- Práctica en contratación pública: Aunque el término «rescisión» aparece en la legislación civil, en el ámbito público suele emplearse el concepto de «resolución» del artículo 211 LCSP, que abarca la mayoría de los supuestos de extinción anticipada por causas no imputables a vicios originarios del contrato.
Consulte el marco normativo en BOE — Ley 9/2017 LCSP.