La resolución contractual es el acto administrativo o judicial por el que se declara la extinción anticipada de un contrato público con carácter definitivo, como consecuencia de causas previstas en la ley o en el propio clausulado del contrato. Está regulada en los artículos 211 a 213 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) y en la normativa de desarrollo correspondiente. A diferencia del desistimiento, la resolución produce efectos plenos y puede generar responsabilidad económica para la parte incumplidora.
- Causas imputables al contratista: Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales, demora en la ejecución, subcontratación no autorizada, cesión ilegal del contrato, quiebra o concurso de acreedores, o condena penal que inhabilite al contratista.
- Causas imputables a la Administración: Demora superior a cuatro meses en el pago, suspensión temporal superior a ocho meses, modificaciones sustanciales que alteren en más de un 20 % el precio del contrato, o supresión unilateral de la prestación.
- Efectos: Liquidación del contrato, devolución o ejecución de garantías, indemnizaciones por daños y perjuicios a la parte no incumplidora, y posible inhabilitación del contratista para contratar con el sector público.
- Procedimiento: Resolución motivada del órgano de contratación, audiencia del contratista, y —si el contratista se opone— pronunciamiento definitivo o intervención del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico.
Regulado en los artículos 211-213 LCSP. Véase el texto íntegro en BOE — Ley 9/2017 LCSP.